Acusan a jóvenes de formar parte de grupo terrorista nazi

La Fiscalía Federal de Alemania presentó hoy cargos contra siete presuntos miembros y un simpatizante de un grupo terrorista de extrema derecha, algunos de ellos menores de edad.

La Fiscalía los acusa de pertenecer a una organización terrorista nacional. Además, la acusación, presentada ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Regional Superior de Hamburgo, incluye intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y lesiones corporales graves.

En mayo, la Fiscalía actuó con detenciones y registros contra el grupo, que se autodenomina "Última Ola Defensiva" ("Letzte Verteidigungswelle"). Se detuvo a cinco sospechosos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Brandeburgo y Hesse. La policía registró 13 propiedades allí, así como en Sajonia y Turingia. Otros tres acusados ya se encontraban en prisión preventiva en ese momento.

Algunos de los acusados son menores de edad

Según la acusación, el grupo se considera la última instancia para la defensa de la "nación alemana" y su objetivo era provocar el colapso del sistema democrático de la República Federal mediante actos violentos, especialmente contra inmigrantes y opositores políticos.

Entre ellos se incluían, en particular, incendios y atentados con explosivos contra centros de acogida de solicitantes de asilo e instalaciones de asociaciones de izquierda.

En el momento de la redada en mayo, los acusados tenían entre 14 y 21 años. Debido a su edad, algunos de ellos tuvieron que comparecer con sus padres ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Karlsruhe. Desde entonces, todos ellos se encuentran en prisión preventiva. El tribunal de Hamburgo debe decidir si se celebra un juicio y cuándo.

Atentados contra inmigrantes

La Fiscalía atribuye al grupo tres atentados brutales y planes de atentado. Se trata de un incendio provocado en una casa de cultura en una localidad de Brandeburgo, un intento fallido de atentado contra un centro de acogida de solicitantes de asilo habitado en Turingia, y planes de atentado contra un centro de acogida de solicitantes de asilo también en Brandeburgo.

En julio, una resolución judicial reveló por primera vez detalles sobre el funcionamiento del grupo. Según esta, los miembros planeaban "desencadenar una guerra racial en la que, para preservar la 'raza blanca', se pondría en marcha una espiral de violencia de reacción y contrarreacción con el fin de acabar con la democracia liberal".

Al parecer, publicaron mensajes racistas y antisemitas en las redes sociales y glorificaron el Tercer Reich y el nacionalsocialismo.

El documento reveló lo mucho que los acusados se habían inspirado en los nacionalsocialistas. "El objetivo era 'reconquistar' el 'propio país' siguiendo la tradición de la (organización paramilitar nazi) SA y el pensamiento político del (partido nazi) NSDAP, y celebrar reuniones armadas en todo el territorio federal", señalaba la resolución judicial.

Según el documento, uno de los acusados fue nombrado "ministro de Propaganda" y otro, de 13 años y aún menor de edad penalmente, jefe de la "Gestapo".

Legislación de menores en Alemania

En Alemania, la edad mínima para ser considerado penalmente responsable es de 14 años. Pero incluso después de esa edad, los jóvenes no son punibles per se, sino que la ley exige además una "madurez responsable". Por lo tanto, los autores deben ser lo suficientemente maduros como para reconocer la injusticia de sus actos y actuar en consecuencia.

La Fiscalía Federal parte de esta premisa en el caso de los acusados menores de edad en este juicio. Para las personas entre 18 y 21 años rige en Alemania una regulación que las considera en una fase de madurez intermedia entre la juventud y la edad adulta, por lo que, dependiendo de cada caso, pueden ser juzgadas bajo la ley de menores o de adultos.

Las penas que puede imponer un tribunal de menores incluyen las denominadas medidas educativas, como la participación en cursos de formación social o de control de la agresividad, o las denominadas medidas disciplinarias, como la reparación o sustitución de un objeto dañado.

Sin embargo, también se puede imponer una pena de prisión de entre seis meses y diez años como máximo. En el caso de los jóvenes de entre 18 y 21 condenados en virtud del derecho penal juvenil, la pena puede ser de hasta 15 años.